Con el fin de garantizar el derecho de la población al acceso a la banda ancha e Internet, el senador del Grupo Parlamentario del PRD, Fernando Mayans Canabal, presentó una iniciativa para adicionar en el Artículo 6 de la Constitución los principios para cumplir este objetivo.
El legislador por Tabasco mencionó que el artículo 6 constitucional ya contempla la obligación del Estado para garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluida la banda ancha y el Internet.
Pero explicó que el propósito de su propuesta “es orientar el diseño y la expedición de las normas jurídicas secundarias en esta materia, y en particular, para que se garantice dicho acceso en todos los niveles de la educación que imparte el propio Estado”.
Recordó que desde 2010 en Finlandia se reconoció por primera vez que el acceso a Internet de banda ancha es un derecho fundamental, considerando que permite igualdad de acceso a la información para el desarrollo personal, la educación, el estímulo, el enriquecimiento cultural, la actividad económica y la participación informada en la democracia.
“En el caso particular de México, debemos seguir avanzando en el perfeccionamiento del diseño constitucional para alcanzar esos objetivos muy específicos”, agregó.
Entre los principios que Mayans Canabal propuso adicionar están que el acceso a Internet sea asequible y no discriminatorio, además de que el Estado debe garantizar este derecho en todos los tipos y modalidades de educación que imparta.
Asimismo el tabasqueño propuso que el acceso a la información personal esté protegido en los términos de la ley y que el Estado fomente el uso eficiente y responsable del Internet.
“Hago esta propuesta consciente de que el acceso y uso de la banda ancha e internet ayuda a generar sociedades más igualitarias, y sirve para fortalecer los servicios de educación y salud, el desarrollo económico, la participación ciudadana, el acceso a la información, y la erradicación de la pobreza”, concluyó el senador.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones unidas de de Puntos Constitucionales, Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos Primera.