A fin de garantizar a plenitud el derecho de defensa pública de los ciudadanos, el Senador del PRD, Fernando Mayans Canabal, propuso crear el Instituto Federal de Defensoría Pública, responsable de brindar los servicios de orientación, asesoría y patrocino a los ciudadanos en proceso judicial.
“Hoy en día para la mayoría de los mexicanos, este derecho de defensa en cualquier tipo de proceso legal, es casi nulo ya que presenta muchos obstáculos para su disfrute y ejercicio”.
Mediante dos proyectos de decreto, uno para modificar el Artículo 17 Constitucional y otro para expedir la Ley Federal del Servicio de Defensoría Pública, el legislador por Tabasco pretende dotar de autonomía de gestión y presupuestaria al Instituto Federal de la Defensoría Pública.
Mayans Canabal recordó que la Constitución contempla la obligación de la federación, los estados y los municipios para garantizar un servicio de defensoría pública de calidad para la población.
Sin embargo, consideró necesario revisar y actualizar los medios para garantizar este derecho pues de acuerdo con el Informe General sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas, una de las principales causas de los altos índices de personas en prisión preventiva es la ineficiencia de las defensorías públicas y las deficiencias en el acceso a los servicios de defensa pública.
“Todos sabemos que es más costoso mantener prisiones con un gran número de personas inocentes que brindar una buena defensa pública a cargo de un órgano plenamente autónomo, ya que no se puede ser juez y parte”, dijo.
Por ello, planteó expedir la Ley Federal del Servicio de Defensoría Pública donde se establece el marco legal del Instituto Federal de Defensoría Pública como un organismo autónomo, responsable de brindar los servicios de orientación, asesoría y patrocinio a los ciudadanos en todo proceso judicial.
La ley dotaría al Instituto Federal de la Defensoría Pública de “una verdadera autonomía no sólo técnica y operativa, sino también de gestión y presupuestaria con personalidad jurídica y patrimonio propios”.
La propuesta también contempla sujetar el servicio de defensoría pública a los principios de gratuidad, obligatoriedad, indivisibilidad, probidad y profesionalismo para asegurar una defensa óptima, eficiente e imparcial.
Además, el senador tabasqueño propuso que el Senado de la República participe en la designación del titular del nuevo Instituto Federal de Defensoría, quien tendría que contar con la aprobación de dos terceras partes de los integrantes de la Cámara Alta.
“No existe mejor manera de empoderar a los ciudadanos, que garantizándoles la efectiva defensa legal de sus garantías y derechos, sobre todo, de aquéllos que se ubican en un grave estado de indefensión por su situación económica y social”, apuntó el senador.
Las iniciativas fueron turnadas a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y posterior dictamen.