Sistema de pensiones en México y Latinoamérica ¿Dónde estamos? Por Dr. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL REVISTA SIEMPRE! Presencia de México.
La revisión de las reformas de pensiones de los años noventas en varios países de América Latina y México, ciertamente se ha intensificado a la luz de sus tendencias poco alentadoras para millones de trabajadores y del desempeño económico y social de nuestros países, que después de poco más de 30 años no se han hecho realidad las promesas de crecimiento, desarrollo y bienestar para millones de personas.
Como se ha documentado ampliamente, Latinoamérica es hoy la región más desigual del planeta por la alta concentración del ingreso en un porcentaje muy bajo de la población.
Para el año 2050, en América Latina entre 63 y 83 millones de personas podrían no recibir una pensión “adecuada” al momento de su retiro, de acuerdo con un estudio elaborado en abril de este año por la OCDE, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. En este escenario, México aportará una cuota muy alta de este porcentaje si no somos capaces de construir un modelo económico que genere empleos bien remunerados y estables, y alcanzar los consensos para emprender la revisión de la reforma de pensiones del IMSS (1995/97), del ISSSTE (2007) y del resto de programas públicos de pensiones reformados y no reformados, que nos permita arribar a un diseño que tenga como base una distribución más equitativa, justa y transparente de los recursos públicos y de las pensiones mismas.
El año pasado, la OIT informó que en América Latina y El Caribe hay al menos 130 millones de trabajadores informales, 47.7 por ciento de la población activa, por lo que transformar el mercado de trabajo para que sea eminentemente formal es el mayor desafío que afronta la región, de acuerdo con el organismo.
En el pasado, México fue referente en varios sentidos para países hermanos de la región, hoy, la realidad económica y social es otra: siguen latentes los problemas financieros de las principales instituciones públicas de seguridad social (IMSS-ISSSTE), problemas determinados en gran medida por el bajo crecimiento económico, altas tasas de informalidad laboral, el desempleo, inestabilidad laboral y la caída del valor de los sueldos y salarios generales y, en consecuencia, de la caída del valor y monto de las cuotas y aportaciones para financiar las prestaciones de seguridad social. Realidades que, después de treinta años, parece que llegaron para quedarse como condiciones estructurales en nuestra economía.
Por otra parte, el Estado mexicano no ha sido capaz de garantizar a amplios sectores excluidos de nuestra sociedad el disfrute y ejercicio del derecho a la seguridad social.
Desde nuestra óptica, no será con reformas parciales como habrán de superarse los problemas que aquejan al sistema de seguridad social y de pensiones. En particular, no obstante, hoy reconocemos como un paso en la dirección correcta la implementación de programas que buscan reducir los altos niveles de informalidad y desocupación. Habrá que estar atentos a que la eventual salida de la informalidad no sea a costa del pago de bajísimos salarios a los trabajadores.
Lo hemos señalado en repetidas ocasiones: si no se emprenden acciones en reformas efectivas e integrales desde los Poderes Ejecutivo y Legislativo, con la participación activa de todos los sectores y actores involucrados, no habremos de revertir el estado actual de cosas en el que sólo podemos ver una luz pequeña y lejana de un túnel que se aprecia casi infinito para lograr el otorgamiento de pensiones dignas a millones de personas que carecen de este derecho y la ampliación de la seguridad social en salud. Una clave para ello son empleos productivos, trabajo decente, estabilidad laboral y salarios bien remunerados.
Presidente de la Comisión de Seguridad Social, del Senado de la República
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