Intervención en tribuna del senador Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar en contra del dictamen por el que se expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos.
Fernando Mayans Canabal, (FMC): Compañeros y compañeras senadores,
Al pueblo de México, en este diciembre 2015, en la última sesión de este primer periodo ordinario del Senado.
Fíjense que ojalá y con leyes y más leyes y más leyes se pudieran corregir todos los agravios que tiene nuestro país, desafortunadamente.
Es cuestión de agarrar un auto e irse por las carreteras de nuestro país y van a encontrar en cada cierto kilómetro la venta de la gasolina, del diesel a pie de la carretera.
Y vemos que pasa la Policía Federal, vemos que pasa el Ejército, pasa la Marina y se saluda; quién quita y hasta no le pongan gasolina de esa robada.
Fíjense ustedes en qué condición estamos. Y nadie hace nada porque ya se volvió un negocio, y ya ni en los tiempos de Zedillo, se había legislado tan abruptamente como hoy se hace aquí.
Muestra es que en el mismo día en que se emite este dictamen, en este mismo día se pone a consideración del Pleno de esta Cámara, sin ningún recato legislativo y violentando el Reglamento de este Senado.
Entonces si queremos hacer las cosas bien y queremos que los demás respeten las leyes, pues los primeros que tienen que respetar las leyes es este Senado de la República y la Cámara de Diputados.
Es lamentable que así sea, compañeras y compañeros, porque se trata de un tema tan delicado, como lo es el de las tomas clandestinas y el robo de hidrocarburos, que se ha hecho ya una constante actividad de la delincuencia organizada, que daña a la industria energética -y la no organizada también- al desarrollo normal de la actividad económica del estado, que va en detrimento de nuestra convivencia social.
Hace poco casi atropello a uno de esos vendedores ambulantes de esos que están en la carretera, parece que está uno aquí en el Periférico aquí en la Ciudad de México que le venden chicles, cacahuates, palomitas; pues así en la carreteras de nuestro país, diesel, gasolina, terrible.
Y el Ejército y la Policía Federal, insisto, pasa cada rato y no hace nada, están de brazos cruzados.
En el nivel nacional, de enero de 2012 a octubre de 2015 se presentaron alrededor de 10 mil 263 denuncias relacionadas con delitos en el robo de hidrocarburo, ante la Procuraduría General de la República.
Este tema es del especial interés del pueblo tabasqueño, al cual honrosamente y modestamente represento, no sólo desde el ámbito de la justicia sino también de la salud y de la protección al medio ambiente, que aquí con las prisas no lo contemplan o lo vieron de noche.
Debido a las tomas clandestinas, les quiero recordar a la Asamblea, de oleoductos propiedad de PEMEX, que se presentaron durante 2014 y 2015, la sociedad y el pueblo tabasqueño, vio en riesgo su salud y su patrimonio por los derrames de hidrocarburos, que afectaron extensas áreas de varios municipios de la entidad y que desde esta tribuna lo hemos denunciado y le hemos pedido a Pemex que cumpla con los daños que provoca en Tabasco, y le pueden preguntar a cualquier tabasqueño, en lugar de ayudarlos Pemex, nada más los has perjudicado, ese es el sentir del pueblo de tabasco.
Hubiéramos estado mejor sin Pemex, porque además los dineros que llegan de Pemex, pues salen de Tabasco y los invierten en el Estado de México haciendo Teleféricos y Carreteras, y nosotros tenemos puras cochinadas de carreteras en el sureste del país.
Decía que tan sólo en 2014, se registraron en Tabasco 64 derrames de gasolina y otros combustibles, cifra que lo ubicó entre las diez entidades del país en las que el robo de combustible, del 2006 al 2014, creció hasta en un 118 por ciento.
Por eso estoy aquí, por esa calidad moral en esta tribuna.
De ahí que no podíamos dejar de participar para advertir que estamos a favor de tipificar y sancionar todas aquellas conductas que son perniciosas para el estado y la sociedad, sin que ello implique la criminalización de movimientos sociales que legítimamente protestan o se inconforman, en ejercicio de su derecho de reunión o asociación pacífica.
Cuando Pemex no toma el toro por los cuernos, parece que tiene al pueblo abandonado con sus derrames y explotaciones; pues al pueblo no le queda otra que salir a la calle y protestar así como hacen los maestros, los obreros, los campesinos aquí afuera o en San Lázaro, la Constitución lo permite.
Ya alguna vez se hizo de manera artificiosa, con la protesta social que en décadas pasadas se expresara en Tabasco, en la que a cientos de mujeres y hombres libres, valientes, se les privó de su libertad, por haber cometido supuestamente los delitos de sabotaje, motín y ataques a las vías de comunicación, entre otros.
Por eso, no vamos a permitir que una legislación como la que hoy se busca aprobar, tenga en su contenido la posibilidad de aplicarse en perjuicio de los ciudadanos, so pretexto de cumplir con su objetivo.
Por información de nuestros compañeros Diputados, sabemos que se corrigieron algunos aspectos y observaciones, que iban en ese sentido, pero que aún permanecen en el Código Penal Federal, por lo que hay que revisar este aspecto.
Se consideró como un avance el no calificar ya como información de seguridad nacional lo relativo a los contratos y a toda la información en relación a las inversiones privadas, por lo que tendrá que regularse conforme a la legislación en materia de acceso a la información y la transparencia.
No obstante, que se modificaron estas cuestiones que tienen una implicación social y de que se suprimiera el dispositivo legal relativo al terrorismo en este Proyecto, existen otras propuestas normativas que requieren de mayor análisis y reflexión:
Así tenemos el artículo13, en el que se propone sancionar de 1 a 5 años de prisión y multa de 4,000 a 7,000 días de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos, a cualquier servidor público que en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, tenga conocimiento de la probable comisión de algún delito materia de esta Ley y no lo denuncie ante la autoridad competente.
A diferencia de lo que se establece en el artículo 9, fracción III, que propone una mayor sanción para toda persona que facilite que lo realice en su propiedad o no lo denuncie a las autoridades correspondientes, tal como se ve en su redacción: “
“Se impondrá de 7 a 14 años de prisión y multa de 7,000 a 14,000 días de salario mínimo vigente a quien, con conocimiento de que se lleve a cabo algún delito objeto de la presente Ley, facilite, colabore o consienta que lo realice en su propiedad o no lo denuncie a las autoridades correspondientes”.
O lo mata el crimen organizado o lo cuelgan, o denuncia y lo meten preso a las autoridades; es decir va a estar contra la espada y la pared. Si denuncias te mata el narco y si no denuncias el otro adafio de gobierno te mete opreso. Miren qué chulada.
Aquí las interrogantes son: ¿Por qué se fijan sanciones menores para los servidores públicos? ¿Por qué no se sanciona el supuesto en el que un servidor público, en ejercicio de sus funciones, intervenga de cualquier forma en la comisión de estos delitos?
En la materia que nos ocupa, no sólo la omisión debe ser sancionada; la acción de todo servidor público cuando es ilícita, también debe ser sancionada.
Por otra parte, nos llama la atención de que el Dictamen, elimina el tipo penal dirigido a asignatarios y contratistas que provoquen daño a las finanzas públicas, al no hacer reportes fidedignos y verdaderos al Fondo Mexicano del Petróleo. Cabe señalar, que esta disposición, se incluía en el artículo 20 del Dictamen aprobado por el Senado el 12 de marzo del año en curso.
También el artículo 20, en el que sólo deja las afectaciones al medio ambiente como agravante de las conductas ilícitas y no como sanción para quien no aplique medidas de prevención o seguridad en las actividades que contempla este proyecto de Ley.
Además, de que no se identifica en el articulado propuesto, disposición alguna que precise o determine el pago de daños y perjuicios, en el caso de provocarse afectaciones a comunidades y a la salud de la población en general, y al patrimonio de los ciudadanos, como ha acontecido desafortunadamente en mi estado, Tabasco.
Estos y otros contenidos, son los que se tienen que analizar detenidamente para estructurar una mejor Ley que efectivamente prevenga y sancione todas estas conductas ilícitas.
Compañeras y compañeros Senadores:
Sabemos que el objetivo de este proyecto, es prevenir y sancionar estos hechos delictuosos que son hoy en día, una práctica recurrente, impune y desafortunada, en materia de hidrocarburos.
Me parece que por la materia de este Dictamen, se hubiera evitado la forma tan atropellada en la que se pone a nuestra consideración, ya que dudo mucho que los 128 Senadores y Senadoras, hayan leído su contenido para estudiarlo, analizarlo y poder legislar con responsabilidad.
Se vuelven a repetir los tiempos acelerados que vivió la reforma energética de 2014, por lo que podemos volver a decir, que es lamentable que en este Senado, se siga legislando sobre las rodillas, en temas que son prioridad y parte fundamental de la agenda del pueblo de México.
¡Viva México, señores!
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