Con el fin de erradicar la corrupción de México, el senador Fernando Mayans Canabal propuso sujetar al Presidente de la República al régimen de responsabilidades de los servidores públicos.
Lo anterior, explicó, toda vez que dicho servidor sólo puede ser acusado durante el tiempo de su encargo, por traición a la patria y por delitos graves del orden común; situación que ya no corresponde al régimen democrático vigente.
Además, planteó el establecimiento de sanciones que correspondan de manera efectiva y objetiva a los servidores públicos incluyendo al presidente de la República.
Mediante dos iniciativas para reformar los artículos 108 y 110 de la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal, el legislador del PRD enfatizó que debe sancionarse con mayor rigor a quienes estando en el ejercicio del servicio público, incurren en conductas ilícitas propias de los servidores públicos y contra la administración de justicia.
“Nadie puede negar que cuando los ciudadanos que tienen conferida la confianza a nombre del Estado para desempeñar un cargo público, y desvían su conducta al ejercerlo para incurrir en algún ilícito, debe considerarse que tal circunstancia, constituye un perjuicio grave para la sociedad en su conjunto”, mencionó.
Mayans Canabal señaló que los funcionarios al cometer conductas ilícitas afectan los bienes jurídicamente tutelados como los valores fundamentales de la sociedad, el desarrollo de la Administración pública y el correcto funcionamiento de la actividad estatal en los ámbitos legislativo, ejecutivo y judicial.
El representante de Tabasco recordó que México se colocó como el país más corrupto de América Latina durante 2013, de acuerdo con el Barómetro Global de Corrupción de Transparencia Internacional.
“Se requieren hacer mayores esfuerzos legislativos, para incluir disposiciones dirigidas a detener y erradicar este cáncer que tiene carcomido nuestro estado de derecho y, con ello, nuestra convivencia armónica y pacífica como sociedad y como Nación”, apuntó.
De la misma forma, también mencionó que México se ubicó en la última posición, 34 de 34 en niveles de corrupción, entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
Mayans Canabal justificó su propuesta al recordar que México firmó la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, en el 2005, por lo que obliga a los Estados parte a implantar un amplio y detallado rango de medidas contra la corrupción que afectan sus leyes, instituciones y prácticas.
Explicó que añadió que dicho instrumento jurídico exige a los países a establecer las infracciones penales y de otro tipo para cubrir una amplia gama de actos de corrupción.
En este sentido propuso reformar el artículo 85 del Código Penal Federal, para de que todo servidor sentenciado por algún delito comprendido en los Títulos Décimo y Décimo Primero, no se le conceda el beneficio de la libertad preparatoria.
Además de que en estos delitos no proceda la substitución y conmutación de sanciones previstas en el artículo 70.
Fernando Mayans urgió al establecimiento de sanciones que correspondan a todo acto ilícito que entrañe corrupción en el servicio público, es decir, sanciones con costos superiores al lucro obtenido.
“Desde hace más de tres décadas, sigue vigente la exigencia social para establecer las sanciones efectivas para prevenir y castigar la corrupción de los servidores públicos, incluido el Presidente de la República quien hoy en día sólo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves pero sólo del orden común”, concluyó.
La primera iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constituciones, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos, Segunda.
Mientras que la segunda, se turnó a las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos para su análisis y posterior dictamen.
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