Según mi agenda de trabajo, a la que doy seguimiento como presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, en próximos días, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dará a conocer a la opinión pública —ciudadanos, partidos y estudiosos— las cifras sobre la medición de la pobreza en México, que nos permiten tener una idea clara del avance y calidad de las políticas en materia de derechos sociales.
Otra institución del gobierno mexicano que hace mediciones sobre el ingreso económico de los ciudadanos es el INEGI. Durante la última semana se desató una polémica en torno a los últimos datos que sus mediciones arrojaron, a la que no fue ajeno el Coneval.
Esta polémica o desacuerdo reviste mucho interés, pues confronta, abiertamente, dos visiones en el presente y dos proyectos a futuro: primero, por la cantidad o porcentaje de población en estado de pobreza; y segundo, por el proyecto a futuro inmediato de cómo se resolverá en lo que queda de tiempo para el gobierno actual tan delicado tema.
A partir de la frialdad de las cifras se podrá justificar un triunfo o un fracaso de la política social. Claro, eso en el frío reino de la tecnocracia mexicana, pues la realidad —esa realidad que es la materia prima de la que se nutre la política— es otra cosa; quienes recorremos el país en labores de trabajo y atendemos a nuestros electores en los estados que representamos percibimos con certeza la erosión de ingresos y salarios.
Será muy importante el informe del Coneval, porque indicará en qué estadio de desarrollo social nos encontramos, pues uno de los indicadores más importantes para medir la riqueza o pobreza de una población es su nivel de ingreso, y ello marca la pauta para saber si hay un avance en los derechos sociales o, por el contrario, existe un retroceso. De esos escuetos y precisos números se forma la opinión para el debate y la futura toma de decisiones de la clase política, los académicos especialistas y los ciudadanos interesados.
En meses muy recientes, la Comisión Económica para América Latina (Cepal), que dirige la mexicana doctora Alicia Bárcena, en el documento Panorama Social de América Latina 2015, concluyó con cifras preocupantes para el país: “…de 2010 a 2014 en la mayoría de los países hay caída o disminución de la pobreza, las excepciones son México y Costa Rica”.
Y algo más que en México sabemos de tiempo atrás y no terminamos de asumir para buscar la solución: la pobreza, es decir, la falta de oportunidades para el grueso de los mexicanos, es un asunto estructural y no de mera coyuntura. Un ejemplo claro de una política pública rebasada y que el gobierno de México no soluciona, afirma la Cepal, es el tema del salario mínimo, cuyo monto está por debajo de la línea de la pobreza.
Otro tema, no sólo de carácter estructural, sino de condición histórica, es el de la desigualdad del ingreso; tema que en su visita a México impresionó al viajero y estudioso alemán Alexander von Humboldt, en 1816, cuando redactó su célebre estudio sobre el reino de la Nueva España.
Increíblemente, hoy que México es un país de casi 130 millones de habitantes y que la extensión territorial es menor por causas históricas, la concentración del ingreso, de forma tan marcada, sigue siendo un problema de la estructura todavía vigente que tiene lastrado en una parte de su desarrollo a México. Hay poca evolución en la distribución del ingreso.
El desarrollo, dicen los expertos, es el mayor acceso de la población a los derechos sociales. El derecho a la alimentación, a la educación, a un medio ambiente sano, a la no discriminación entre grupos vulnerables, a la salud, a la seguridad social, al trabajo y a la vivienda, son fuentes de estabilidad social y en ellos debe enfocar su presupuesto y sus energías el Estado mexicano.
Si ello se sigue haciendo a medias o mal, condenamos a cada mexicano carente de oportunidades a vivir “la terrible prosa de la existencia pobre”, es decir, la de un México sin oportunidades para la inmensa mayoría, la de un país que se niega a sí mismo.
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